La Ley Ocaña surge, como sabemos, por lo sucedido en la muerte del actor Octavio Ocaña y la lucha de su familia por hacer pagar a elementos policíacos como responsables de su muerte, robo de pertenencias y filtrado de imágenes, además de crear una nueva escena de su muerte para culparlo de su propia muerte, una tragedia que hoy alcanza la justicia con una Ley que debería aplicar no solo en el Estado de México, sino en todo el país.
Esto lo decimos porque los primeros en filtrar las imágenes de personas que murieron de forma trágica son los mismos que llegan a la escena para levantar el o los cadáveres, es cuando esas fotos por compadrazgo o trato pasan las fotos a reporteros sin ética, quienes a su vez las comparten en redes sociales. Los medios impresos que manejan la nota policíaca también deberían ser alcanzados por la Ley Ocaña ya que son los que toman las fotos más explícitas del homicidio o tragedia para ponerla en portada con el objetivo de aumentar sus ventas de ejemplares.
La Ley Ocaña en términos generales estipula sanciones de cuatro a ocho años para aquellas personas que difundan imágenes de cuerpos o información relativa a sus investigaciones.
Además, hay agravantes de penas de tres a siete años si las personas que cometan el delito son servidores públicos.
“Si el sujeto pasivo de este delito son mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad, la pena se incrementará hasta una mitad de las que correspondan, por lo que podrían alcanzar sanciones de hasta 12 años de prisión”, se lee en la Ley Ocaña.
Ya estuvo bueno que esos dueños de periódicos rojos o reporteros lucren con el dolor ajeno, a ellos no les gustaría que les exhiban los restos de un familiar muerte en tragedia.